La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), también conocida como Ley del Reciclaje, busca que los fabricantes e importadores de productos prioritarios sean responsables de la organización y financiamiento de la gestión de residuos de los productos que comercializan en el país. 

Los productos prioritarios definidos por la Lley son seis: neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes, baterías, pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, para los cuales el Ministerio del Medio Ambiente establece metas de recolección y valorización. 

Productores de productos prioritarios: quienes fabrican o importan productos prioritarios, poniéndolo por primera vez en el mercado nacional, ponen bajo marca propia un producto comprado a un tercero o quienes importan un producto para su uso profesional. Son a quienes principalmente regula la Ley.

Sistemas de gestión: mecanismo a través del cual los productores darán cumplimiento a las metas y otras obligaciones establecidas por Ley, a través de un Plan de Gestión. Son organizaciones sin fines de lucro, financiadas por los productores y pueden ser individuales o colectivos.

Gestores de residuos: quienes realizan operaciones de manejo de residuos autorizados y registrados según la regulación vigente. Pueden ser empresas de gestión de recolección, clasificación, valorización o eliminación de residuos y recicladores de base. 

Consumidores: pueden ser personas u organizaciones que generan residuos de productos prioritarios. Su rol es entregar estos residuos a gestores contratados por los sistemas de gestión. 

Municipios: puede coordinar la gestión de residuos en sus territorios, a través de convenios con los Sistemas de Gestión y los recicladores de base, haciendo uso de ordenanzas municipales u otros. 

Ministerio del Medio Ambiente: dicta los Decretos de Metas y Otras Obligaciones, que establecen las metas de recolección y valorización para cada producto prioritario.

Superintendencia del Medio Ambiente: encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley e imponer las sanciones correspondientes cuando se detecten incumplimientos.