Opinión | Ley REP: del diseño a la realidad

Durante años en Chile hablamos de economía circular, de gestión de residuos y de la necesidad de hacernos cargo de lo que producimos. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) vino a transformar esa conversación en una obligación concreta. Y eso es, precisamente, lo que la convierte en una de las políticas públicas más importantes y exigentes de las próximas décadas.

La REP no es una ley ambiental. Es una política pública que ha movilizado al sector privado, ha tensionado modelos de negocio, generado nuevas capacidades e incentivado a mirar el ciclo completo de los productos, instalando una señal clara: la gestión de residuos es parte del corazón de la productividad.

Pero, como ocurre con toda política estructural, el verdadero desafío comienza en la implementación. Hoy estamos viendo esa tensión, ya que existe una brecha entre el diseño normativo y la realidad operativa del sistema. Metas ambiciosas conviven con capacidades aún en desarrollo, instrumentos diseñados para ordenar el mercado terminan, en algunos casos, rigidizándolo, y los actores que deben coordinarse no siempre cuentan con los incentivos ni las condiciones para hacerlo de manera eficiente.

Este no es un problema menor. Cuando la implementación no conversa con la realidad, el riesgo no es sólo el incumplimiento de metas, sino la pérdida de confianza en la política pública.

Por eso, hoy con más fuerza que nunca, lo que corresponde es apoyar el fortalecimiento de la Ley REP y, es precisamente ahí, donde existen muchos aprendizajes. 

Primero, que la regulación por sí sola no basta. Instrumentos como los Acuerdos de Producción Limpia (APL) han demostrado ser clave para traducir la Ley en acción. Permiten a las empresas anticiparse, reducir incertidumbre y avanzar junto al Estado con mayor claridad en el cumplimiento. En la práctica, los APL han sido una forma concreta de poner en valor la REP, llevándola desde el papel a la operación.

Segundo, que la coordinación no ocurre espontáneamente. Las Mesas Ejecutivas para la Productividad (MEP), impulsadas por CORFO, han mostrado que, cuando se genera un espacio técnico y estructurado de diálogo, es posible identificar trabas reales y avanzar en soluciones concretas. No se trata de más conversación, sino de mejor conversación: aquella que se hace cargo de la implementación.

Y tercero, que sin mercado, no hay sistema que funcione. La REP ha logrado generar oferta de materiales reciclados, pero la demanda aún es insuficiente. En algunos casos, simplemente no existen mercados secundarios capaces de absorber los volúmenes que se están recuperando. Este nudo no es un detalle técnico: es un problema estructural.

Si los materiales no tienen salida, el sistema se traba. Se acumulan residuos, se tensiona la operación y se debilita el incentivo económico que sostiene todo el modelo. La economía circular no se construye sólo recolectando más, sino asegurando que lo recolectado vuelva a tener valor.

Aquí hay una discusión pendiente, que como país, debemos abordar con mayor decisión: cómo generamos demanda. Eso implica estándares, compras públicas, innovación, inversión y, sobre todo, una mirada más estratégica de política industrial.

En este contexto, el impulso que hoy está dando el Ministerio del Medio Ambiente, al priorizar la implementación de la REP, no es menor. Es una señal de que el foco está donde debe estar: en hacer que la política funcione.

La REP es una buena ley. Pero su éxito no está garantizado. Dependerá de nuestra capacidad de ajustar, coordinar y construir condiciones habilitantes en el camino.